Agradecemos a las personas que nos han permitido beneficiarnos con su experiencia, particularmente a J. Bourliaud del INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica, Francia), J. Chumacero, ingeniero geógrafo del Viceministerio de Tierras, en Bolivia, así como al Departamento de geografía y de medio ambiente de la Universidad de Genève. Por otra parte, esta investigación no habría podido realizarse sin la ayuda financiera de la Fundación Ernest Boninchi y, en el caso de I. Hirt, del 7º Programa-marco de la Unión europea (Beca Marie Curie IOF, Proyecto Indimap Nº 251885). Agradecemos igualmente a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia por el apoyo prestado a esta investigación
- 1 La población indígena en Bolivia representa alrededor del 60% de la población nacional según el cen (...)
1A partir de mediados de los años 1990, Bolivia, a semejanza del Brasil, Colombia o Ecuador, puso en marcha importantes reformas agrarias en favor de sus pueblos indígenas1 (Chirif, García Hierro, 2007). En 1996, el Estado boliviano reconoció la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), una forma de propiedad colectiva indígena. En 2005, después de la elección de Evo Morales a la presidencia y de la llegada de representantes indígenas a la cabeza del país, Bolivia emprendió un proceso radical de transformación institucional, que culminó con la adopción de una Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) en 2009. Esta proclamó el carácter “plurinacional” del país y dio a los pueblos indígenas la posibilidad de acceder a formas de autonomía, por medio del establecimiento de los “Territorios indígenas originarios campesinos” (TIOC).
- 2 El concepto de descolonización está inscrito en la NCPE (art. 9) y forma parte de la agenda polític (...)
- 3 En Bolivia, el término de “colonialismo interno” ha sido conceptualizado por Silvia Rivera (2010). (...)
2Algunos observadores interpretan esos cambios en términos de “gobernanza de la etnicidad” (Lacroix, 2007) o de “anarquía segmentaria” (Lavaud, 2006); otros hacen de ellos una lectura en términos de “descolonización” (Spedding, 2011). Este concepto, más allá de su significación política para el Estado boliviano y sus actores2, remite, en su sentido común, al derrocamiento del orden colonial y de sus formas de injusticia y opresión. En América del Sur sin embargo, la descolonización reviste un sentido diferente según el punto de vista adoptado: para las elites criollas del siglo XIX, había significado la emancipación de las potencias europeas; para los pueblos indígenas de hoy, en cambio, refiere a la eliminación del “colonialismo interno”3 del cual todavía son objeto, producto de las estructuras de carácter desigual y racista establecidas por los Estados republicanos tras el logro de la independencia (Howard, 2010). En ese sentido, las reformas recientes instituidas en Bolivia en favor de los pueblos indígenas pueden considerarse como tentativas de instauración de un Estado postcolonial, empresa que evidentemente no está exenta de luchas de poder y de conflictos políticos, tanto a nivel local como nacional (Le Gouill, 2011).
- 4 Nancy Peluso (1995) llamó “contracartografía” a este uso subversivo.
3Como en otras partes en América del Sur, las herramientas cartográficas han tenido un papel de primer orden en esas recomposiciones políticas, de la propiedad de la tierra y territoriales (Offen, 2009). Han permitido a las comunidades y a las organizaciones indígenas apropiarse del lenguaje y las técnicas del Estado para identificar y delimitar sus territorios recientemente reconocidos, cuestionando al mismo tiempo– en nombre de su presencia anterior en el continente y del respeto por la diversidad cultural– las representaciones hegemónicas del espacio nacional4. Esta puesta en escena iconográfica (Debarbieux, Lardon, 2003) les ha permitido justificar y generalizar (Boltanski, Thévenot, 1991; Lafaye, Thévenot, 1993; Lerch, 2006) sus reivindicaciones territoriales, a fin de hacerlas más fácilmente reconocibles en el escenario nacional e internacional. Por otra parte, con el reconocimiento, primero de las TCO, luego de las TIOC, la cartografía de las tierras y los territorios indígenas en Bolivia, de instrumento contrahegemónico empleado por los movimientos indígenas y sus aliados para presionar al Estado, se ha convertido en un instrumento gubernamental.
4En este artículo, nos interesaremos en la cartografía de los territorios quechua y aymara en los Andes bolivianos, también conocida como “cartografía de ayllus y markas”; ayllu es el nombre dado por los pueblos andinos a la más pequeña unidad sociopolítica y territorial (Choque, Mamani, 2001, p. 207), varios ayllus forman una marka, y varias markas, un suyu (una nación). Además de las formas comunitarias de posesión y de producción de la tierra, históricamente, los ayllus se han distinguido por sus discontinuidades territoriales, inducidas por el ejercicio del control de recursos territoriales diversificados en varios pisos ecológicos (Murra, 2002). La mayoría de la población de un ayllu se concentraba antiguamente en el altiplano, donde se situaba el centro del poder, y se tejían relaciones de complementariedad económica con los colonos que vivían en los enclaves de los valles (Harris, 1985; Platt, 1978b).
- 5 El concepto de “territorio” no se reduce aquí a sus dimensiones políticas o jurídicas, sino que ref (...)
- 6 Las comunidades indígenas implicadas en el proyecto México Indígena, no habiendo sido manifiestamen (...)
5La especificidad de la cartografía de ayllus y markas es haber empezado antes que la de las TCO. Primero, obra de historiadores y antropólogos deseosos de comprender la territorialidad5 andina desde los años 1960, ha sido luego continuada por los actores de la cooperación internacional y las comunidades indígenas en las décadas 1980 y 1990, en el marco del “etnodesarrollo”. Esta ideología, que concilia multiculturalismo y neoliberalismo, ha permitido a actores con intereses variados, hasta contradictorios –organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONG), Banco Mundial y Estado boliviano– trabajar juntos por el reconocimiento de los territorios indígenas (Le Gouill, 2007; Andolina, Radcliffe, Laurie, 2005). La cartografía de ayllus y markas constituye uno de los más importantes esfuerzos nunca realizados para comprender la complejidad de la territorialidad andina (Albó, Romero, 2009, p. 47), y una de las primeras iniciativas cartográficas en Bolivia que tuvo en cuenta el punto de vista indígena sobre el territorio. Por eso, pensamos que ha contribuido de manera significativa a los debates sobre la descolonización interna y sobre el reconocimiento de los territorios indígenas del país. No obstante, una hipótesis semejante necesita ser matizada, la fuerte presencia de la cooperación internacional, y por tanto de intereses extranjeros, en la producción de esos mapas sugiere que esta estaba igualmente motivada por una agenda política implícita. Esa idea está reforzada por las recientes lecturas críticas de algunos proyectos de cartografía participativa en contexto indígena, tras la controversia en torno a México Indígena. Ese proyecto fue financiado por el ejército estadounidense y realizado conjuntamente por investigadores de la Universidad de Kansas (Estados Unidos) y de Oaxaca (México), y comunidades indígenas del mismo Estado. Su objetivo declarado era contribuir al empoderamiento de las comunidades por medio de la delimitación y la titularización de sus tierras. Tácitamente, se trataba de recolectar, con la ayuda de las poblaciones locales, informaciones sobre una región considerada estratégica por el ejército estadounidense (Batson, 2008; Bryan, 2010)6. Si bien el contexto boliviano estudiado en este artículo no ha implicado a actores militares extranjeros, plantea, no obstante, preguntas similares sobre la finalidad de la recolección de datos geográficos en un contexto donde la droga y el espectro de las guerrillas marxistas o indígenas nunca han dejado de colocar a las poblaciones indígenas en el centro de objetivos militares y geopolíticos regionales. A la luz de esta doble hipótesis –descolonización interna y perpetuación de relaciones coloniales externas– analizaremos los mapas de ayllus y markas así como los juegos de actores y los intereses políticos en cuestión durante su producción.
- 7 Lo esencial del material fue recolectado durante una encuesta de tres meses realizada en Bolivia en (...)
- 8 Ver lista completa de entrevistas en anexo.
- 9 Los fragmentos son reproducidos con el permiso de Plural Editores para los mapas murales, y de F. M (...)
6Los datos de primera mano que nos sirven de base han sido recogidos durante varias estadías en Bolivia7. Están constituidos por entrevistas semidirectivas realizadas a los principales actores de la cartografía de las tierras y los territorios indígenas del país8, así como de un cuerpo de documentos cartográficos compuestos de dos mapas murales y de dos atlas, publicado entre 1993 y 20039:
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Mapa preliminar de ayllus y comunidades rurales del departamento de Potosí a fines del siglo XX (formato 2m10 x 2m48) (Calla, 1993).
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Mapa preliminar de markas y ayllus. Provincias Ingavi, Pacajes y José Manuel Pando. Departamento de La Paz (inicios del siglo XXI) (formato 1m40 x 2m) (Calla, 2003).
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Atlas de los ayllus de Chayanta. Territorios del suni (formato A3) (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994).
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Atlas de los ayllus del Norte de Potosí, territorio de los antiguos Charkas (formato A3) (Mendoza, Patzi, 1997).
7Los mapas de un tercer atlas, sobre los ayllus de Sura y Qurpa Kirkiyäwi del departamento de Cochabamba (Mendoza, Patzi, López, 2001), no han sido analizados sino desde el punto de vista de sus procesos de producción, pues la maqueta de la que disponíamos resultó muy poco legible para hacer una lectura detallada del contenido de los mapas.
8Esos documentos se han digitalizado y parcialmente georreferenciado bajo nuestro cuidado en un SIG (Sistema de información geográfica), para evaluar su despliegue espacial, comparar los documentos (juegos de escalas y de enfoque) y ponerlos en perspectiva con elementos de contexto (datos estadísticos o geoespaciales) (figura 1).
Figura 1: El corpus cartográfico digitalizado y georreferenciado
9En la primera parte del presente artículo, estudiaremos los procesos de producción de la cartografía de ayllus y markas. Con ese propósito, consideraremos los mapas por su aptitud para poner en evidencia y estructurar controversias territoriales y para actuar como “mediadores” (D’Alessandro-Scarpari, November, Rémy, 2004; Raffestin, 1981) o como “objetos-frontera” (Noucher, 2009), facilitando la concertación entre los actores y la traducción de sus maneras de concebir y de producir el territorio. En una segunda parte, efectuaremos un análisis de los mapas: por una parte, a partir de sus leyendas, considerándolas dentro de una perspectiva saussuriana, como sistemas de ordenamiento del mundo, como “paradigmas” que se expresan en “sintagma” (los mapas) en una situación dada (Hussy, 1998); por otra parte, partiendo del principio de que los mapas son fruto de opciones (selección, omisión, sobrevaloración de algunos elementos, etc.) que informan sobre los valores y las ideologías territoriales de los cartógrafos (Harley, 1989). La tercera y última parte del artículo estará dedicada a la acogida social de la cartografía de ayllus y markas en Bolivia y a sus impactos en la evolución de los procesos ulteriores de reconocimiento de las tierras y territorios indígenas, particularmente las TCO.
10De origen prehispánico, el ayllu ha sufrido importantes transformaciones durante los períodos colonial y republicano (Choque, Mamani, 2001; Platt, Bouysse-Cassagne, Harris, 2006). Si ha podido mantenerse hasta hoy en algunas regiones del país, particularmente en los departamentos de Oruro y Potosí (Lucero, 2006), ha sido por la vía de un proceso de “sincretismo organizativo”, es decir, adaptándose constantemente a las reconfiguraciones político-administrativas y territoriales impuestas por la Corona española y luego, por la República boliviana (Le Gouill, 2011; Platt, 1999). Aun cuando la reforma agraria de 1953 haya permitido a los Aymara y a los Quechua recuperar la mayoría de las tierras usurpadas desde fines del siglo XIX y liberarse de la servidumbre impuesta por las haciendas (Demélas, Vivier, 2003), esta medida no ha significado el reconocimiento de su especificidad cultural y de su territorialidad. La reforma se insertó en una perspectiva clasista y liberal: al dirigirse a los pequeños campesinos, buscaba consolidar un régimen de propiedad individual, imponiendo al mismo tiempo la sindicalización de las comunidades indígenas. De esta manera, acentuó más aún la desintegración de los ayllus, ya menoscabados por la expansión de las haciendas y las tentativas de desmembramiento del sistema comunitario de la tierra, llevadas a cabo por las elites políticas del país desde fines del siglo XIX a fin de incorporar las tierras indígenas al mercado, particularmente en los valles, donde los rendimientos agrícolas son mejores que en el altiplano.
- 10 Ver Harris, 1997, para un inventario de esos mapas y croquis.
- 11 Este mapa ha sido reproducido en numerosas oportunidades (ver Harris, 1986; Platt, 1978a y b; River (...)
11A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, geógrafos, antropólogos e historiadores han buscado comprender mejor el pasado y el presente de esta territorialidad andina, asociando investigaciones etnográficas y estudio de los archivos de la administración colonial española. Entre ellos, los franceses Thierry Saignes y Thérèse Bouysse-Cassagne, los británicos Olivia Harris y Tristan Platt, así como bolivianos, entre los cuales Teresa Gisbert, Mercedes del Río y Ana María Presta. Estos etnohistoriadores se inspiraron de los trabajos del antropólogo John Murra, el primero en haber conceptualizado el "control vertical" de los recursos productivos por los ayllus y su organización social y territorial en “archipiélago” (Murra, 2002). Para esos investigadores, el estudio de la organización social andina, pasada y contemporánea, no se limitaba a objetivos científicos. Si ellos hacían historia, se sabían también partícipes de la historia mientras esta se hacía. Para Platt, mostrar la existencia y el dinamismo de los ayllus debía contribuir a contrarrestar la imagen negativa de los pueblos indígenas andinos, percibidos por la sociedad criolla boliviana como un arcaísmo incompatible con la modernidad (1999, p. 37-8). En cuanto a Harris, ella tenía conciencia del impacto de sus mapas en la elaboración de las demandas territoriales indígenas (1997, p. 364). Fue la necesidad de espacializar las realidades estudiadas lo que condujo a esos investigadores a realizar croquis y mapas. Lejos de limitarse a ejercicios de localización, estos últimos han facilitado la comprensión de espacios complejos, regidos por lógicas culturales diferentes (Harris 1997, p. 354-5)10. Mientras que Saignes (1986) y Bouysse-Cassagne (1978, p. 1059) representaron la distribución de los señoríos aymara del siglo XVI en los Andes, Harris y Platt se concentraron en el Norte de Potosí, región caracterizada por importantes desniveles en cortas distancias, los cuales favorecieron la persistencia de los desplazamientos estacionales locales y el control vertical de los recursos (figura 2)11.
Figura 2: Mapa etnohistórico del Norte de Potosí de Platt y Harris (1978)
12Los cambios en favor de los pueblos indígenas, en germen durante los años 1980, tanto en Bolivia como a nivel mundial, favorecieron la prosecución de la cartografía de ayllus y markas por los actores de la cooperación internacional.
13Los estragos de la sequía de 1982 y 1983 dieron lugar a la llegada de las ONG nacionales y de las agencias internacionales de desarrollo a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. La primera ola de proyectos buscó modernizar los campos bolivianos, imponiendo la adopción por los ayllus de la estructura sindical como condición para recibir la ayuda al desarrollo (Rivera, Conde, Santos, 1992; Lucero, 2006, p. 44). La segunda ola de proyectos fue realizada, entre otros, por la cooperación europea (Programa de autodesarrollo campesino – PAC), por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales norteamericanas (Oxfam América, Inter-American Foundation, Plan International), la cooperación danesa (IBIS) y la cooperación multilateral (Fondo Indígena). Medidos en adelante con la vara del etnodesarrollo, los ayllus no eran ya considerados obstáculos al desarrollo sino puntos fuertes, más “auténticos” que los sindicatos agrarios (Platt, 1990; Rivera, 1990). En cuanto a los propios actores indígenas andinos, ellos reclamaban la descentralización del poder estatal así como el reconocimiento de su modo de organización política y territorial, marginado por la presencia de los sindicatos agrarios desde 1953. Ahora bien, las leyes de descentralización y de participación popular promulgadas en 1994 y 1995 han permitido a los ayllus y a las otras estructuras socioterritoriales indígenas (sindicatos agrarios, comunidades, etc.) adquirir, por primera vez, una personalidad jurídica (en cuanto “Organizaciones Territoriales de Base”). Fue pues con la ayuda de la cooperación internacional que ellos procedieron a la consolidación jurídica, pero también a la “nacionalización” y a la “globalización” de sus ayllus (Lucero, 2006; Andolina, 2001). Su adhesión a la ideología del etnodesarrollo les ha permitido así justificar y generalizar sus reivindicaciones en el escenario nacional e internacional. Además, en 1997, se fundó el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), consagrado como autoridad nacional de los Aymara, Quechua y Uru, y que federa los ayllus de los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro. La producción de los mapas de ayllus y markas se insertó en esta coyuntura. El mapa mural del departamento de Potosí (Calla, 1993) fue realizado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la cooperación holandesa, mientras que el del sur del departamento de La Paz (Calla, 2003) fue financiado por la cooperación danesa (DANIDA). La Unión Europea apoyó la producción de los tres atlas del Norte de Potosí (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994; Mendoza, Patzi, 1997) y de una parte del departamento de Cochabamba (Mendoza, Patzi, López, 2001).
- 12 Tomada de la geología, luego de la biología, la noción de "hotspot" –literalmente "punto caliente"– (...)
14La concentración de esos proyectos en el Norte de Potosí no ha hecho sino confirmar el interés creciente, ya mostrado por los etnohistoriadores (ver figura 2), por una de las regiones más tradicionales de Bolivia. De hecho, en los años 1980, el Norte de Potosí se había convertido en un verdadero “hotspot”12 para los investigadores, las ONG y las agencias de ayuda al desarrollo (Le Gouill, 2007; Rivera, Conde, Santos, 1992). Para estas últimas, se trataba de reconocer y documentar la existencia de la territorialidad indígena y de poner esos nuevos conocimientos al servicio del etnodesarrollo. Los cooperantes se habían dado cuenta de que privilegiar la división político-administrativa oficial en detrimento del entramado de los ayllus destinaba sus proyectos al fracaso (infraestructuras construidas en espacios en conflicto, no culminación de iniciativas que intentaron asociar comunidades de diferentes ayllus, etc.) (López 1997, p. 99). Sin embargo, los motivos humanitarios no bastan para explicar el interés de la cooperación internacional por el Norte de Potosí: sin duda, la posición geográfica estratégica del Norte de Potosí tuvo un papel determinante (figura 3).
Figura 3: El Norte de Potosí: un "hotspot" científico y cartográfico, en el centro de intereses geopolíticos
- 13 La oposición al proyecto de carretera que se supone debe atravesar el Territorio Indígena y Parque (...)
15En efecto, el Norte de Potosí cristaliza varios intereses geopolíticos regionales: primero, está contenido en un rectángulo de cuatro ciudades andinas importantes –Oruro – Cochabamba – Sucre – Potosí–; luego, está situado del Chapare. Entre los Andes y la Amazonia, esta provincia constituye una de las principales áreas de producción de coca y se caracteriza por una presencia significativa de colonos originarios del Norte de Potosí y de sus provincias Frías y Bustillos (Dory, Roux, 1998, p. 35). Esos migrantes llegados de las tierras altas a menudo fueron percibidos como una amenaza para el equilibrio ecológico de las regiones amazónicas, razón por la cual, según Laetitia Perrier-Bruslé, los parques nacionales han sido establecidos a lo largo de esta “frontera interna”, para que cumplan ahí la función de "glacis" (2005, p. 268)13. Entonces, no es verdaderamente sorprendente que los cartógrafos de los ayllus y markas, después de haber trabajado en el Norte de Potosí, hayan extendido su acción a los valles vecinos del departamento de Cochabamba –y luego en dirección al Chapare– para realizar allí el último atlas (Mendoza, Patzi, López, 2001). Pues, aunque los tres atlas hayan sido apoyados por la Unión Europea, estos se han inscrito en programas distintos: si los dos primeros sobre el Norte de Potosí fueron financiados por el PAC para responder a los problemas generados por la sequía a principios de los años 1980, el último, que trata del departamento de Cochabamba, fue financiado por el programa PRODEVAT. Este era parte de la contribución de la Unión Europea al plan de acción Puebla-Panamá de lucha contra la droga, por medio de proyectos “alternativos” de desarrollo. Ahora bien, esos proyectos buscaban precisamente impedir que los trabajadores pobres de las provincias Bolívar, Arque y Tapacarí (departamento de Cochabamba) migren hacia el Chapare para cultivar coca (Fukumi, 2008, p. 127). Implícitamente, la cartografía de los territorios indígenas respondía en parte a imperativos políticos internacionales más bien que locales o nacionales: esta buscaba un mejor conocimiento de las realidades y dinámicas territoriales de las poblaciones locales del Norte de Potosí y de una parte del departamento de Cochabamba.
16Los cartógrafos que trabajaban para la cooperación internacional tenían sus propias motivaciones. Fueron fuertemente influenciados por los etnohistoriadores: "Es su trabajo que a mí me llevó a tener conciencia de la importancia del espacio; y que me convirtió en geógrafo”, nos contó Ricardo Calla, quien dirigió la realización de los mapas murales. Ministro de asuntos indígenas durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005) y Rector de la Universidad de la Cordillera en el momento de nuestro encuentro, se interesó en la territorialidad indígena tras haber trabajado mucho tiempo en el medio sindical. Como otros bolivianos, él ha literalmente “descubierto” la existencia de las poblaciones y culturas indígenas del país en los años 1980 y 1990: “Me di cuenta de que no sabíamos en qué país vivíamos, ni cuál era el tipo de organización espacial de la gente en las zonas rurales. (…) yo tenía siempre la impresión de que de que sólo estábamos viendo una parte de la realidad. Y esta estaba relacionada con las grandes luchas sindicales de los mineros, de los trabajadores (…). Ellos [los etnohistoriadores] me hicieron dar cuenta que no podías vivir en Bolivia sin meterte en serio y a fondo en la realidad indígena” (Calla, 2008). Para Calla, ya no se trataba de hacer croquis, sino verdaderos mapas de gran formato, para elevar a los ayllus y markas al mismo rango de los territorios del Estado y rivalizar con los mapas oficiales del Instituto Geográfico Militar (IGM), exhibidos en la entrada de la mayoría de los edificios de la administración boliviana (Calla, 2008). En cuanto a Fernando Mendoza y su equipo, su objetivo era producir un atlas alcanzando importantes niveles de detalle y de exhaustividad, a fin de favorecer una gestión renovada del territorio (Mendoza, 2009).
- 14 Nosotros establecimos la misma constatación en las tierras bajas, donde esos modelos digitales fuer (...)
17Calla y Mendoza aprendieron la cartografía sobre la marcha. El primero es sociólogo y antropólogo de formación; el segundo, agrónomo. Fuera del apoyo técnico del IGM para el primer atlas, se formaron por ensayos y errores: “Muchos de nosotros hemos aprendido hurgando, bajando manuales, o compartiendo [los conocimientos] entre la gente” (Mendoza, 2009). No era una cuestión sencilla ya que a principios de los años 1990, la información geográfica relativa a los territorios indígenas era, por decirlo así, inexistente en Bolivia. Los trabajos de los etnohistoriadores constituyeron entonces soportes fundamentales para la comunicación entre cartógrafos y comunidades indígenas. Por otra parte, la realización de los mapas de ayllus y markas se habría hecho más costosa en tiempo (por la agrimensura especialmente) o en dinero sin la existencia de mapas topográficos oficiales, ya que el acceso a la cartografía digital y a la imagen satelital, especialmente Google Earth, no estaba aún democratizado en aquel momento. Frente a la ausencia de material adecuado, Mendoza y su equipo dedicaron un gran número de horas a digitalizar la cartografía oficial (la topografía y la hidrografía en particular), a fin de realizar modelos digitales de campo14.
- 15 Los mapas murales mencionan los nombres de varios de ellos: R. Jaillita, E. Ticona, M. Velázquez, E (...)
18Los equipos de trabajo recurrieron además a métodos de cartografía participativa. Para la realización de los mapas murales, Calla y sus colaboradores indígenas15 debatieron acerca de los límites de los ayllus con sus habitantes, sobre la base de los mapas topográficos del IGM. En cuanto a los atlas, los investigadores, brújulas y altímetros en mano, se fueron con las autoridades indígenas al terreno para verificar allí los límites de los ayllus. Para el segundo atlas, utilizaron un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y elaboraron un SIG. La precisión geográfica tiene valor de pericia técnica que, sin embargo, no hacía parte de esos proyectos. Según Calla, se trataba ante todo de re-conocer la existencia de la territorialidad indígena: “Puede que tengas mal ubicado el cerro, pero lo que importa es que hay ese cerro, que ese cerro existe” (Calla, 2008). Si bien la población indígena ha comprendido el interés político de un trabajo semejante, se ha mantenido desconfiada. Según Mendoza, Flores y Letourneux, la población sospechaba que las agencias de cooperación y los cartógrafos fueran a perpetuar formas históricas de apropiación de sus territorios (1994, p. 7). Por otra parte, algunos ayllus estaban implicados en confrontaciones intercomunitarias suscitadas por conflictos de límites interdepartamentales y de explotación de recursos naturales. La búsqueda de procedimientos y metodologías para lograr consensos entre ayllus vecinos ha mostrado ser fundamental en algunos casos (López, 1997, p. 98-9).
19Los mapas de ayllus y markas son producto de un ensamblaje de actores y de procesos sociopolíticos, pero tienen su propia existencia, lógica y poder en cuanto objetos. Su análisis permite pues descubrir el modelo territorial promovido por sus autores.
20Mientras que los departamentos de La Paz y Potosí han sido ampliamente cartografiados, el de Oruro, por lo que sabemos, no ha sido objeto de ninguna cartografía publicada. Los dos atlas sobre el Norte de Potosí (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994; Mendoza Patzi, 1997) se insertan en una continuidad geográfica con el primer mapa mural (Calla, 1993), considerado como un antecedente capital (Mendoza, Flores, Letourneux 1994, p. 9).
- 16 En tiempos del Imperio español, el cabildo era la unidad local de gobierno, adaptada a los ayllus a (...)
21La estructura y el lenguaje conceptual de los atlas necesitan que se los detalle. En los dos documentos, la organización política de los territorios cartografiados está explicada en el texto (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994, p. 20; Mendoza, Patzi, 1997, p. 11). Se basa en la terminología del antropólogo Tristan Platt: por una parte, para explicitar la pertenencia de cada ayllu a la “mitad de arriba” ("maxasaya") o a la “mitad de abajo” ("alasaya"), términos que dan cuenta de la organización dualista de las sociedades del Sur del Perú y de Bolivia (Platt, 1978b, p. 1083); por otra parte, para jerarquizar los territorios en “ayllus mayores” o “grandes ayllus” (que corresponden a las markas en lengua aymara), “ayllus menores” y “ayllus mínimos” (llamados también “cabildos”16). El primer atlas distingue dos niveles jerárquicos inferiores complementarios: las “comunidades cabeza de cabildo” y las comunidades que les pertenecen. En el segundo atlas, Mendoza y Patzi suprimieron el término de “comunidad”, considerándolo ajeno a la cultura indígena, como una herencia de la reforma agraria de 1953 y de la organización sindical (1997, p. 9).
- 17 En el plano gráfico, el segundo atlas está menos logrado que el primero. Aunque los cartógrafos hay (...)
22El primer atlas (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994) trata solamente de los territorios de altitud del Norte de Potosí, a saber los nueve ayllus de la marka Chayanta: Chayantaka, Laymi, Puraka, Chullpa, Kharacha, Sikuya, Jukumani, Aymaya y Panakachi. Sobrepuestos a la red político-administrativa del Estado boliviano, esos territorios indígenas coinciden con la provincia Bustillos. En la primera parte del documento, los autores describen el contexto histórico y social de esos territorios; en la segunda, presentan cada ayllu con un mapa y una ficha descriptiva. El segundo atlas (Mendoza, Patzi, 1997) está organizado alrededor del concepto de “franja étnica”, retomado de los trabajos de Platt y Harris. Ese término remite a las cinco markas del Norte de Potosí, que se extienden del altiplano a los valles: Chayanta, Sakaka, Pukwata, Macha y Tinkipaya, las cuales concuerdan aproximadamente con las cinco provincias del Norte de Potosí: Alonso de Ibáñez, Bernardino Bilbao, Charcas, Rafael Bustillos y Chayanta. Dado que tratan un número más importante de territorios, los mapas de esta segunda obra son más numerosos y más pequeños. La profundización temática da paso a las articulaciones entre territorios y pisos ecológicos17.
23El análisis de los atlas y de los mapas murales permite identificar tres temáticas transversales, las cuales demuestran el esfuerzo realizado por los autores para mostrar la existencia y la complejidad de la territorialidad andina: la superposición de los entramados indígena y estatal, las discontinuidades territoriales, así como los límites entre ayllus y las zonas de conflicto.
24Si bien es cierto que la publicación de los primeros mapas de ayllus y markas (Calla, 1993; Mendoza, Flores, Letourneux, 1994) coincidió con el inicio del reconocimiento oficial de los territorios indígenas en Bolivia, también es cierto que su realización fue anterior a las reformas estatales. Para los cartógrafos, era pues importante crear representaciones performativas, administrando la prueba de la existencia y de la extensión de los territorios indígenas, superponiéndolos al mismo tiempo con el orden político-administrativo estatal, a fin de poner en evidencia la pluralidad de narraciones territoriales e históricas en Bolivia. El segundo atlas es el único documento que no toma en consideración la división estatal, con excepción de un mapa de situación de las cinco markas del Norte de Potosí (Mendoza, Patzi, 1997, p. 13). Ese silencio resulta más sorprendente cuando se observa que el prefacio está firmado por una representante del Estado que denuncia las contradicciones entre los entramados estatal e indígena. Contradicciones que ella describe como la expresión más sintomática del orden colonial republicano y de su negación sistemática de los pueblos indígenas (Calvo in Mendoza, Patzi, 1997, p. 1).
25Además, aunque en los otros documentos los autores hayan buscado poner en el mismo nivel los dos órdenes territoriales –otorgando una importancia gráfica igual a los límites estatales e indígenas (ver Figura 4, como un ejemplo)–, no por ello lograron liberarse de la preeminencia de la división republicana. En efecto, el conjunto de los territorios representados permanece al interior de los espacios provinciales o departamentales involucrados, con excepción del mapa mural del departamento de Potosí (Calla, 1993) que incluye el ayllu K’ulta, situado en el departamento de Oruro (Provincia Abaroa). Según Mendoza y Patzi, esta incapacidad de abstraerse del entramado estatal les impidió captar la complejidad de la territorialidad andina e incluir las tierras de valle en el primer atlas (1997, p. 6). Haciendo eso, ellos fueron sin duda igualmente influenciados por la ideología territorial dominante de los años 1980: la idea de parcelas dispersas en varios pisos ecológicos era, por entonces, considerada profundamente irracional, razón por la cual los actores de la ayuda al desarrollo tendían a limitar sus proyectos al altiplano (Rivera, Conde, Santos, 1992, p. 154). Por otra parte, la carencia en Bolivia de mapas base que no estén marcados por la división republicana –dificultad ya señalada por los etnohistoriadores (Harris, 1997, pp. 352-3; Platt, Bouysse-Cassagne, Harris 2006, pp. 17-8) – tampoco debió facilitar la representación de las relaciones entre zonas de altura y valles, cuando estas trascienden los límites departamentales. Finalmente, no olvidemos que en los Andes, los desajustes entre límites indígenas y estatales no son sistemáticos. Pues en muchos casos, la Corona española tuvo en cuenta a los territorios indígenas con fines impositivos y de control de las poblaciones; una división que luego fue retomada en parte por el Estado republicano. Lo cierto es, sin embargo, que la sobreimpresión del tejido indígena por los límites coloniales no ha significado el pleno reconocimiento de la existencia de los territorios indígenas y de sus jurisdicciones políticas.
26Entonces, los cartógrafos confrontaron los entramados indígena y estatal (como veremos más adelante, hicieron lo mismo para la representación de las discontinuidades territoriales), permaneciendo dentro de los límites departamentales o provinciales. El mapa mural del departamento de Potosí (Calla, 1993) ofrece ejemplos interesantes de desajuste entre los dos órdenes territoriales: se ven en él las markas de Chayanta, de Pukwata y de Macha atravesadas por ambos lados por los límites provinciales de Charcas y de Chayanta (figura 4). El mismo mapa contiene ejemplos contrarios de coincidencia relativa de los dos tipos de límites. En el mapa mural del departamento de La Paz (Calla, 1993), no se trata ya de confrontar los órdenes territoriales indígena y estatal, sino de mostrar el reconocimiento del primero por el segundo, es decir, por la cartografía de la personalidad jurídica de los ayllus y de las markas. Se distinguen ahí los territorios que poseen una personalidad jurídica de los que están desprovistos de ella o buscan obtenerla (figura 5). Su puesta en relación con el mapa mural del departamento de Potosí demuestra el camino recorrido en favor de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia en el período de diez años.
Figura 4: Markas atravesadas por límites provinciales
Figura 5: Reconocimiento jurídico de los ayllus y las markas
27Representar las discontinuidades de los territorios indígenas y su organización como “archipiélago” ha constituido un verdadero desafío para los cartógrafos, por la diversidad de situaciones y de procesos sociales que les dieron origen.
28Las discontinuidades debidas a la ocupación de diferentes pisos ecológicos se muestran en el segundo atlas por mapas de situación que ponen en perspectiva la dispersión territorial de un ayllu dentro de una marka. Los dos atlas indican asimismo la localización ecológica de esos fragmentos por la altimetría y las curvas de nivel, el segundo haciendo corresponder, además, a estas últimas con los límites naturales de producción de los cultivos y la ganadería (Mendoza, Patzi 1997, p. 9). El uso de conceptos indígenas constituye otra manera de describir los pisos ecológicos. Por ejemplo, los atlas y el mapa mural de Potosí mencionan los términos de “chawpirana” (quechua) o de “taypirina” (aymara) para hacer referencia al área intermedia entre el altiplano y los valles.
29Los cartógrafos han mostrado también que la territorialización discontinua, lejos de limitarse a prácticas llamadas “tradicionales”, constituye una estrategia continuamente renovada (García et al., 2001), apelando al capital espacial de los individuos, es decir a su capacidad de sacar la mayor ventaja del espacio y sus recursos (Le Gouill, 2007). En esta perspectiva, lo que está en juego es el control tanto de los “pisos socioeconómicos” (Antequera Durán, Cielo, 2011) como de los ecológicos. La articulación entre territorios rurales y urbanos es parte de esas estrategias contemporáneas. El primer atlas (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994) ofrece un tratamiento detallado de las discontinuidades producidas por la concentración de la población alrededor de lugares de intercambio. Los autores distinguen el concepto de “isla territorial” –que definen como una tierra de altitud poseída por un ayllu al interior del territorio de otro ayllu– del de “enclave”, que designa según ellos un territorio de valle de un ayllu. El ejemplo más impactante es el de la distribución de las “islas” de los ayllus Chullpa, Jukumani, Kharacha, Sikuya y Aymaya, alrededor de las localidades de Chayanta y de Aymaya (figura 6). Encontramos tales “islas” en el primer mapa mural (Calla, 1993), alrededor de la ciudad de Potosí. Además, por la inclusión de los planos urbanos de Chayanta, de Aymaya y de QalaQala (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994, pp. 19, 46, 49), este atlas muestra el arraigo de los ayllus en las localidades urbanas, donde se distribuyen por barrio.
30Es el mapa mural del departamento de Potosí (Calla, 1993) el que mejor da cuenta de la desarticulación de los territorios indígenas en el curso de la historia colonial –española y republicana. Ofrece un panorama de la diversificación de las formas de organización social indígena y de propiedad agraria (figura 7): las áreas donde el ayllu ha desaparecido han dado paso a comunidades que los autores han calificado de “originarias” o de “reconstituidas” luego de la recuperación de las haciendas, tras la reforma agraria de 1953 (llamadas también “tierras de renta” en esta región). En algunas zonas, la organización indígena ha sido reemplazada –al menos desde el punto de vista de la estructura de la propiedad de la tierra– por pequeñas propiedades privadas. La presencia de las haciendas está claramente indicada.
Figura 6: "Islas territoriales" alrededor de las localidades de Chayanta y Aymaya
Figura 7: Diversidad de las formas de organización social y de propiedad indígenas
31Los cartógrafos debieron, si no resolver, al menos abordar la cuestión de los límites entre territorios indígenas. La semiología empleada varió según la escala. Para mapear las unidades de mínima agregación en el Norte de Potosí, los cabildos, una representación areolar (surfacique) de ellos habría sido difícil, por estar a menudo imbricados los unos en los otros. En el primer atlas, fueron entonces cartografiados por variaciones de puntos, cuya simbólica está detallada en un anexo del documento (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994, p. 54-7). En el segundo atlas, Mendoza y Patzi introdujeron el concepto quechua de "chhaxru". Precisan que significa “entremezclado” y que los campesinos lo utilizan para designar los espacios compartidos entre ayllus (Mendoza, Patzi, 1997, p. 7). En cuanto a los mapas murales, estos mencionan las nociones de “territorio compartido”, de “límite abierto” o “no definido” (Calla, 1993; 2003) (ver figura 7). Sus autores se mostraron prudentes, pues los títulos de esos mapas nos indican que no son más que “aproximaciones” y documentos “preliminares”, que “ninguno de los límites departamentales, provinciales, de ayllus y/o de comunidades sienta autoridad” (Calla, 1993) o, incluso, que el mapa “no tiene valor oficial ni legal” (Calla, 2003). Esas precauciones no pueden imputarse al carácter oficioso de esos mapas, puesto que se las encuentra en los mapas del Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, revelan sobre todo el carácter inestable de la estructura político-administrativa boliviana.
32Los autores de los atlas no dieron sistemáticamente explicaciones en cuanto a las razones que les llevaron a dejar algunos límites abiertos. Es el caso de la demarcación entre los ayllus Chullpa y Kharacha (figura 8). La superposición, en un SIG, de este fragmento de mapa con datos relativos a las concesiones mineras nos ha permitido, no obstante, constatar la existencia de una explotación minera, situada en el área no delimitada. Es entonces posible que los cartógrafos hayan trazado una línea abierta para evitar agravar conflictos ya existentes por recursos naturales, o crear otros nuevos. En los dos atlas, por lo demás, algunas zonas en conflicto han sido representadas con extensiones rosadas, como lo ilustra el límite entre los ayllus Chullpa y Sikuya (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994, p. 35-6; Mendoza, Patzi, 1997, p. 55) (figura 9).
Figura 8: Límite abierto entre los ayllus Chullpa y Kharacha
Figura 9: Representación de una zona de conflicto entre los ayllus Chullpa y Sikuya
33Los territorios indígenas representados en los atlas y en los mapas murales se inscriben en espacios regionales, estructurados, por una parte, por redes de transporte y de comunicaciones; por otra parte, por localidades urbanas. Sin embargo, el tratamiento de esos aspectos se muestra desigual según los documentos.
34En materia de redes de transporte y comunicaciones, los mapas murales solo reproducen la red caminera y férrea principal, poco densa en Bolivia, sin mencionar las vías secundarias pese a que son esenciales en los Andes, tales como las pistas no estabilizadas y los caminos pedestres. Esta laguna se llena en el primer atlas (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994), que traza las rutas de caravanas llameras (figura 10). En los años 1990, estas últimas seguían siendo utilizadas. Algunas de ellas tienen su origen en las inmediaciones del Salar de Uyuni, pero los autores solo representaron sus extremos orientales, en los valles de Cochabamba (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994, p. 27). Esos trayectos de larga distancia desaparecen en el segundo atlas (Mendoza, Patzi, 1997). A pesar de su objetivo de dar cuenta de las articulaciones de los ayllus en un espacio más vasto, los “corta” literalmente del resto del mundo, al no distinguir más que los “caminos” y los “senderos” a la escala del ayllu.
Figura 10: Vías de comunicación en el Sur del altiplano boliviano
- 18 La geografía sagrada está poco presente en los mapas de los ayllus y markas, y únicamente los atlas (...)
35Con la finalidad de describir los asentamientos humanos18, los autores de los mapas murales recurrieron, en las leyendas, a una jerarquía sumaria, mencionando los “pueblos o ciudades principales”, los “pueblos o caseríos menores” (Calla, 1993) o las “localidades principales” (Calla, 2003). Los atlas – que abordan territorios de mayor escala y de mayor densidad poblacional – dan un tratamiento más complejo y detallado a las localidades. Sin embargo, este resulta confuso, como lo ilustra la comparación, en los dos atlas, de la zona situada entre las localidades de Uncía y Chayanta (figura 11).
36En el primer atlas (Mendoza, Flores, Letourneux, 1994), los cartógrafos sugirieron que existirían localidades indígenas a un lado, y no indígenas al otro. Oponen la categoría de “poblaciones urbanas” a la de “poblaciones étnicas”, representadas en las leyendas por un polígono y un rectángulo respectivamente. En los mapas, resulta sin embargo que la mayoría de las localidades está figurada por un polígono. Esa indeterminación no resulta extraña, pues el criterio étnico se revela poco pertinente para clasificar a las localidades andinas y para separar lo urbano de lo rural: es cierto que si bien el campo es mayoritariamente indígena y las ciudades tienen orígenes históricos diversificados – coloniales (Chayanta, por ejemplo) o contemporáneos (producto del auge de las minas especialmente) –, eso no niega que la presencia de la población indígena en el medio urbano ha sido siempre significativa en los Andes.
Figura 11: Localidades de Uncía y Chayanta en los atlas de 1994 y 1997
37En el segundo atlas (Mendoza, Patzi, 1997), los autores parecen haber renunciado –tal como lo hicieron con las vías de transporte –, a mostrar la inscripción de los ayllus en un espacio regional más vasto y en relaciones ciudades-campo. Redujeron su análisis a la escala local y valorizaron la ruralidad de los espacios cartografiados: la categoría “poblaciones urbanas” desapareció, dejando su lugar a las de “pueblo étnico”, “ranchos” y “arriendos” (términos, estos dos últimos, que los autores utilizan para designar a las haciendas situadas en ayllus y las que se encuentran en tierras de ex hacienda) (Mendoza, Patzi, 1997, p. 9). No obstante, se ignora a qué realidades demográficas remite la noción de “pueblos étnicos” (con excepción de una nota al pie de página precisando que la información no estaba disponible en el momento de la producción del atlas, debido a reestructuraciones administrativas) (Mendoza, Patzi, 1997, p. 50). Además, si los cartógrafos asociaron una localidad como Chayanta a un “pueblo” cuando cuenta 2 772 habitantes (INE, 2001), se debe sin duda a que el censo de 1992 clasificó al conjunto de la población del municipio de Chayanta (12 922 individuos) como “rural”19. Por último, en el mismo orden de ideas, se puede suponer que el símbolo de rombo usado en el mapa de 1997, aunque no definido en la leyenda, remite a aglomeraciones mucho más grandes, ya que se lo emplea para describir una ciudad como Uncía, cuya población se eleva a 5 709 habitantes (INE, 2001).
38La acogida social de los mapas de ayllus y markas, así como la evolución de los procesos de reconocimiento de los territorios indígenas a partir de mediados de los años 1990, nos permiten evaluar los impactos de esos documentos en Bolivia.
39Los primeros mapas de ayllus y markas fueron publicados mientras la indigenidad hacía irrupción en el escenario político en Bolivia. Presentados en el Congreso en 1994 por Víctor Hugo Cárdenas, primer Vicepresidente aymara de la historia del país, fueron objeto de una cobertura mediática importante. Por lo demás, el segundo atlas fue prologado por Luz María Calvo, subsecretaria de asuntos indígenas. Ella presentó el documento como “el primer atlas oficial referido a un área indígena del país” (Calvo in Mendoza, Patzi, 1997, p. 1).
40A pesar de ese reconocimiento oficial simbólico, la difusión de esos documentos ha permanecido restringida, al punto que en 2009, en el momento de esta investigación, eran difíciles de encontrar y a menudo desconocidos para los actores involucrados. Los cooperantes publicaron solo algunas centenas de ejemplares de los atlas, esencialmente para su uso interno, habiendo la mayoría partido hacia Europa con Transtec, el equipo de asesoría belga enviado por el PAC (Mendoza, 2009). Los mapas murales, aunque hayan sido distribuidos a las comunidades interesadas así como a numerosas municipalidades, en el momento de nuestra investigación no parecían haber subsistido, salvo en pocos lugares (Calla, 2009). Por otra parte, la producción de los mapas de ayllus y markas no fue capitalizada, víctima de la “lógica por proyecto” de las agencias de cooperación internacional (Rodríguez-Carmona, 2010) (ausencia de financiamiento a largo plazo, segmentación temática y geográfica de las inversiones). Por último, la propiedad intelectual y la tendencia en Bolivia a considerar la información como un campo vedado han tenido sin duda un papel.
- 20 Sobre la reconstitución de Jach’a Suyu Pakajaqi, ver Guery, Chambi, Claros, 2010.
41En cuanto a la acogida de esta cartografía por las poblaciones locales interesadas, parece haber sido moderada. Los autores de los atlas mencionan la importancia simbólica que estos documentos cobraron para las comunidades de Chayanta, en el Norte de Potosí: durante la ceremonia de rotación de autoridades tradicionales, estas habrían desarrollado el hábito de transmitir un ejemplar del primer atlas, conjuntamente con el bastón de mando (Mendoza, Patzi, López, 2001). Por nuestra parte, una visita realizada en 2008 al Jach’a Suyu Pakajaqi, organización principal de los ayllus y markas de la provincia de Pacajes y miembro del CONAMAQ20, nos permitió constatar que el mapa mural del Sur del departamento de La Paz (Calla, 2003) estaba expuesto en el ingreso a las instalaciones. No obstante, una conversación con las autoridades tradicionales y Carlos Mamani, historiador reconocido de la territorialidad andina de esta región, dejó claro que el mapa no deja de ser controvertido, pues se ha considerado insuficiente la participación de la población en la delimitación de los ayllus. Es probablemente por esta razón que ni el SIG, ni el Plan de gestión territorial indígena, elaborados respectivamente en 2008 y 2010 por Oxfam América para Jach'a Suyu Pakajaqi (Consejo de Gobierno Jach'a Suyu Pakajaki, 2010), se refieren a él. En cuanto al mapa mural del departamento de Potosí (Calla, 1993), no fue mencionado ni por el Plan de desarrollo regional integral del Suroeste de Potosí ni por las instancias municipales y sindicales de Uyuni entrevistadas por uno de los autores de este artículo (L. Lerch) en 2010; y ello a pesar de que los sindicalistas interesados, lejos de rechazar la dimensión indígena de sus territorios, constituyen la base de la TCO Nor Lípez, una de las más grandes de Bolivia.
42Si bien los mapas de ayllus y markas tuvieron una posteridad limitada, fue también debido a la transformación del contexto político en Bolivia a partir de mediados de los años 1990, el cual, a su vez, modificó la naturaleza y los objetivos de la cartografía de las tierras y de los territorios indígenas.
- 21 Instituto Nacional de Reforma Agraria.
- 22 La Ley INRA (art. 3.III) de 1996 señala, sin embargo, que por TCO, se debe entender “territorio ind (...)
- 23 El "brazo técnico" de la CIDOB era el Centro de Planificación Territorial Indígena (CPTI). Sus acti (...)
- 24 La noción de "control social" está consagrada por la Ley Nº 1715 (art. 13 num. 8) y el reglamento a (...)
43En 1996, la reconducción de la reforma agraria y la formación de las TCO (Ley "INRA"21 1745) constituyeron un nuevo marco jurídico para responder a las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas del país. En un primer tiempo, no obstante, la figura de la TCO reconoció únicamente un derecho a la tierra y no al territorio. El ejercicio de formas políticas de autonomía local aún no estaba en la agenda, pues las reformas se limitaban a la propiedad colectiva indígena de la tierra y a la gestión exclusiva de los recursos naturales renovables contenidos dentro de las TCO22. Además, a pesar de que estas últimas hayan sido creadas para los pueblos indígenas del conjunto del país, primero vinieron a responder a las demandas de las tierras bajas. Disminuidos demográfica y políticamente, los pueblos indígenas de las tierras bajas habían sido los grandes perdedores de la reforma de 1953. Su necesidad de tener sus tierras delimitadas y titularizadas para defenderlas mejor frente a terceros era pues urgente. Ante la inminente aprobación de la Ley INRA, las organizaciones indígenas de tierras bajas –la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)23 a la cabeza –, en colaboración con algunas ONG, se apropiaron masivamente de las herramientas cartográficas a fin de preparar el terreno de la titularización de las TCO y para ejercer un “control social” 24sobre ella. Esta cartografía ha sido publicada en un Atlas de los Territorios Indígenas de Bolivia (Martínez, 2000), el cual, a pesar de su título, solo concierne a las tierras bajas (figura 12).
Figura 12: Territorios cubiertos por los mapas murales y los atlas de los ayllus y markas (tierras altas), publicados entre 1993 y 2003, y por el atlas de demandas de TCO (tierras bajas), publicado en 2001
44En cuanto a los pueblos andinos, en un primer tiempo, ellos no vieron el interés de apropiarse de la TCO. No solamente habían recuperado la mayor parte de sus tierras durante la reforma agraria de 1953, sino que además la Ley de Participación Popular de 1994 les permitió obtener un primer reconocimiento jurídico de su organización socioterritorial. Por último, varias demandas de TCO depositadas sobre las tierras altas y cubriendo provincias enteras fueron consideradas demasiado extensas. Los financiadores internacionales, cuyo poder de injerencia y de decisión en materia de constitución de las TCO era mayor, las rechazaron aunque se originaran en leyes y en políticas nacionales. Sin embargo, esta tendencia se invirtió a partir de 2005: en 2010, las TCO cubrían cerca de la mitad de los departamentos de Oruro y Potosí. Además, tres cuartas partes del medio millón de personas que formaban parte de una TCO en Bolivia vivían en las tierras altas y en los valles andinos (Colque, Chumacero, 2011) (figura 13). Este viraje coincidió con la llegada al poder del presidente Evo Morales en 2006. Sin duda, se debió a una voluntad política más grande de llevar a buen término las demandas que hasta entonces habían quedado sin financiamiento. Por otra parte, la perspectiva de un próximo reconocimiento constitucional de los derechos de autonomía territorial asociados a las TCO las volvió, sin duda alguna, más atractivas a los ojos de algunas comunidades andinas. El catastro de tierras indígenas de propiedad colectiva ha seguido siendo, no obstante, parcialmente rechazado en las tierras altas, pues son numerosas las familias que no desean renunciar a los títulos individuales recibidos durante la reforma de 1953.
Figura 13: Cartografía de los territorios indígenas en Bolivia, publicada entre 1993 y 2003 y avance del proceso de titularización de TCO entre 1996 y 2010
45Las dos cartografías –ayllus y markas por un lado, TCO por el otro– ganan al ser puestas en perspectiva desde el punto de vista metodológico. Pues, aunque fueron producidas paralelamente a partir de 1996, son distintas debido a su naturaleza y sus objetivos. La cartografía de ayllus y markas, al haber seguido su curso fuera de cualquier restricción jurídica, se caracteriza por un ideal heurístico de comprensión y de exhaustividad, pues sus autores buscaron mostrar el despliegue de una territorialidad, en el tiempo y en el espacio. La cartografía de las TCO, representada en el atlas de Martinez (2000), está, por el contrario, determinada por su carácter de régimen de propiedad: se limita a simples perímetros, correspondiendo un mapa a cada demanda de TCO, es decir el polígono del espacio reivindicado situado sobre un fondo temático (cobertura del suelo, concesiones de explotación de recursos naturales, límites políticos). El carácter fragmentado de esta cartografía se refuerza porque la Ley INRA excluye los perímetros urbanos de las TCO y porque, en la práctica, ha tenido en cuenta solo excepcionalmente las discontinuidades históricas de los territorios indígenas. Así, aunque la delimitación de las TCO haya dado lugar a la generalización de la cartografía de las tierras indígenas al conjunto del país, ha sufrido un empobrecimiento conceptual, pasando de un modelo territorial complejo, expresado por la combinación de puntos, líneas y superficies, a representaciones exclusivamente de superficie. En los Andes, a pesar de que los dos tipos de cartografía hayan sido parte de un mismo proceso de reivindicaciones territoriales, esta continuidad es difícil de establecer en ausencia de investigaciones de terreno en profundidad. Parecería que en algunas regiones como el Norte de Potosí, la delimitación territorial realizada en el marco de la producción de los atlas hubiera alentado la búsqueda de consensos entre ayllus y servido luego de referencia para algunas demandas de TCO (Mendoza, Patzi, 1997, p. 3; Mendoza 1997, p. 92; Mendoza, Patzi, López, 2001). Sin embargo, de manera general, se constata que las zonas donde los ayllus y las markas fueron objeto de trabajos cartográficos más extensos (Sur del departamento de La Paz y departamento de Potosí) no coinciden con las que cuentan el mayor número de demandas de TCO concluidas durante los primeros años de la reconducción de la reforma agraria. Pero comprender una discordancia semejante implicaría disponer de información complementaria sobre los contextos y los actores locales, que no se pudo recolectar en el marco de esta investigación.
- 25 La NCPE prevé varios niveles de autonomía (departamental, municipal, regional e indígena). Los pueb (...)
46A partir de 2007, la cartografía indígena en Bolivia se orienta nuevamente hacia temáticas territoriales, a medida que las TCO titularizadas más avanzadas –tanto en las tierras altas como en las bajas –, comienzan a salir del ámbito del mero régimen de propiedad de la tierra, para proceder a su gestión interna. La adopción de la NCPE en 2009 y la aplicación de las autonomías indígenas (TIOC) hizo posible luego su incorporación al orden territorial del Estado y su convergencia con los municipios (Albó, Romero, 2009, p. 32)25. Pero si bien numerosas TCO tienen hoy en día planos de gestión interna y bases de datos geográficos, su incorporación a la cartografía de base oficial no está prevista actualmente. De manera general, la cartografía oficial en Bolivia aún no ha reconocido verdaderamente la existencia jurídica de las tierras y de los territorios indígenas. Ello sorprende apenas en un contexto de baja inversión pública en el ámbito cartográfico como el de la Bolivia de Morales, quien ha seguido la vía trazada por sus predecesores, delegando el financiamiento, incluso la producción, de la información geográfica a la cooperación internacional y a las ONG. El Atlas de los Territorios Indígenas y Originarios de Bolivia publicado en 2010 por el Viceministerio de Tierras, gracias a un financiamiento de la cooperación danesa (Viceministerio de Tierras, 2010), constituye un avance relativo en la materia. Representando las 258 demandas de TCO recibidas por el INRA desde 1996, en parte transformadas en autonomías indígenas hoy en día, se afirma como la primera publicación oficial demostrando las transformaciones estructurales generadas por el reconocimiento de los territorios indígenas. Sin embargo, en el conjunto, el documento tiene dificultades para salir de un enfoque catastral. Además, el hecho de que sea objeto de una publicación separada de la cartografía oficial del IGM (cartografía de base) o del INE (cartografía estadística), sugiere que la representación de las tierras y territorios indígenas se considera todavía como dependiente de la “etnocartografía” o de los saberes locales, y no como categorías universalmente admitidas en Bolivia.
47El análisis de los mapas de ayllus y markas ha mostrado el carácter ambivalente de la ideología territorial promovida por sus autores. Por un lado, estos pusieron en perspectiva la diversidad de narraciones históricas y de culturas presentes en los Andes bolivianos, especialmente poniendo en un mismo plano los límites estatales y los indígenas, y describiendo las diferentes formas de apropiación del suelo. Además, particularmente en el primer atlas, siguieron las huellas de los etnohistoriadores quienes, desde los años 1960, habían buscado deconstruir las ideas dominantes que concebían a las sociedades indígenas como grupos étnicos aislados o enclaves rurales, replegados sobre sus tradiciones e impermeables a la influencia del mundo exterior: en una búsqueda de contemporaneidad, los cartógrafos, por el contrario, representaron la organización de los territorios indígenas, no solo en función de los pisos ecológicos, sino también de su inserción en las relaciones ciudades-campo, en la jerarquía de las localidades y en las redes de transporte y comunicaciones. Por último, el recurso a categorías espaciales flexibles (límites “abiertos” o “no definidos”, “espacios compartidos” o “en conflicto”) sugiere que ellos tomaron en serio el papel regulador de los mapas y la necesidad de traducir gráficamente el carácter dinámico de las territorialidades andinas. Más allá del contexto boliviano, la cartografía de ayllus y markas constituye pues igualmente una contribución al campo de la cartografía en contexto indígena, en plena expansión, particularmente a los debates recurrentes sobre la dificultad de poner en un mapa territorios con márgenes a veces inciertos o fluidos, cuyo uso no es ni exclusivo ni rígido (Cultural geographies, 2009; Hirt, 2009a).
48Por el otro lado, algunos de esos mapas tienden paradójicamente a esencializar y a ruralizar los territorios indígenas. Es el caso del atlas de 1997 que, por la omisión de los límites estatales y de los grandes ejes de circulación y de comunicación, reifica a los ayllus abstrayéndolos de su contexto general y fijándolos en una existencia histórica atemporal. En ese documento, los cartógrafos parecen haber privilegiado la dimensión ecológica de los territorios indígenas, estructurada por los pisos climáticos. Sin duda, esto dependía tanto de su deseo de reconocer y de valorizar la existencia y la especificidad de la territorialidad andina, como de la tendencia, emergente en esa época, a justificar las territorialidades indígenas naturalizándolas y asociándolas a la idea de desarrollo sostenible (recordemos que en 1992, la Cumbre de la Tierra en Rio consagró a los pueblos indígenas como “guardianes” de la naturaleza y poseedores de un saber ecológico único). El análisis de los dos atlas ha mostrado por otra parte la dificultad de los autores para expresar los asentamientos humanos y las localidades. Esta puede explicarse por la complejidad demográfica e histórica de los Andes bolivianos. Queda, no obstante, que el recurso al criterio étnico para separar las poblaciones rurales y urbanas remite a prejuicios persistentes sobre la supuesta ruralidad de las poblaciones indígenas, prejuicios que sin embargo los autores intentaron cuestionar en el primer atlas.
49Pero esas características no conciernen sino a un número reducido de mapas sobre el conjunto de documentos analizados. Por tanto, no es exagerado afirmar que la cartografía de ayllus y markas ha representado un paso importante en el plano de la historia y de la epistemología de la cartografía del territorio en Bolivia. Aunque no se haya producido una transposición directa en el plano jurídico y político-administrativo, ha contribuido a las controversias y debates nacionales sobre la descolonización del Estado boliviano y de su territorio. Primero, ha mostrado que el territorio en Bolivia no es un palimpsesto: en varias regiones, el orden político-territorial indígena no ha sido borrado por el del Estado nación; por el contrario, ha logrado subsistir y adaptarse a las transformaciones impuestas por la colonización española y republicana. Al incluir por primera vez el punto de vista indígena sobre el territorio en representaciones cartográficas, ha permitido la emergencia de una alternativa a las representaciones oficiales hegemónicas, las cuales, hasta ese momento, habían ignorado o pasado por alto la existencia de los territorios indígenas. Luego, a fines de los años 1980 y principios de los 1990, ha cristalizado la progresiva “resemantización” (Raffestin, 1981) del territorio boliviano, es decir una lectura de este realizada ya no en términos de clase, sino de cultura, transformando de paso en “indígenas” a millones de habitantes hasta entonces considerados como “campesinos”.
50En el plano de los juegos de actores y de sus intereses, el balance de la cartografía de ayllus y markas es más ambiguo. Mostramos que la producción de los mapas de ayllus y markas tuvo un papel de mediación en la aplicación de nuevos arreglos de propiedad de la tierra, territoriales e institucionales, particularmente en el Norte de Potosí, incluso si esos mapas fueron cuestionados más tarde por algunos actores locales. Tanto los mapas “soporte” de los etnohistoriadores, como los oficiales del IGM, y los de ayllus y markas en su proceso de elaboración facilitaron la confrontación de la diversidad de concepciones territoriales de los actores locales, nacionales e internacionales implicados en los procesos participativos. Además, estos últimos permitieron a las organizaciones indígenas fortalecer sus movimientos de reivindicación mediante la consolidación de alianzas políticas con las agencias de cooperación internacional y algunos sectores de la sociedad boliviana que recientemente tomaron conciencia de la indigenidad del país.
51Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el financiamiento de los mapas de ayllus y markas (al igual que los de las TCO) por las agencias de cooperación internacional revela el pobre control por el Estado boliviano de la información geográfica concerniente a su territorio, y confirma la perpetuación de las relaciones de dependencia del país respecto a las antiguas potencias coloniales. Vimos asimismo que algunos de los mapas de ayllus y markas fueron parte de un mecanismo que buscaba impedir la migración de las poblaciones hacia zonas productoras de hojas de coca, caracterizadas además por movimientos sindicales difícilmente controlables por el Estado. Todo lleva pues a creer que las agencias de cooperación internacional no buscaban solamente promover la existencia de los territorios indígenas y llevar auxilio a una región como el Norte de Potosí, víctima de una crisis ambiental, agraria y social. Su objetivo implícito era igualmente velar por los equilibrios geopolíticos y demográficos regionales, contribuyendo al mismo tiempo a la guerra contra la droga. A semejanza del proyecto México Indígena, eso confirma el carácter de doble filo de la cartografía para los pueblos indígenas (Hirt, 2009a; Hirt, 2009b), en un contexto mundial en el cual el equilibrio de fuerzas se muestra globalmente desfavorable para ellos: aunque la cartografía constituye un mediador necesario para poner en escena reivindicaciones territoriales, justificarlas, legitimarlas y generalizarlas, vuelve visible información estratégica, útil a los poderes dominantes, tendiendo, a veces, a naturalizar identidades y territorialidades resultantes parcialmente de formas antiguas y contemporáneas de dominación colonial.
52Para concluir, algunas consideraciones se imponen. Las innovaciones gráficas y conceptuales de los mapas de ayllus y markas buscaban demostrar la complejidad y el dinamismo territorial andinos. Sin embargo, es necesario evaluarlas en relación con el contexto actual del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Pues, con la generalización de los SIG, el tratamiento de esas dimensiones no puede reducirse más a soluciones gráficas, limitadas en su precisión solo a la escala del documento gráfico; debe también concebir su organización en bases de datos relacionales con referencia espacial que permitan análisis multiescalares.
53Por otra parte, el hecho de que en el marco del reconocimiento oficial de las TCO, luego de las TIOC, la cartografía de las tierras y de los territorios indígenas en Bolivia, de instrumento contrahegemónico, se haya convertido en herramienta gubernamental, tiene implicaciones teóricas. Mientras esa cartografía estuvo por mucho tiempo marcada por una baja influencia del Estado en las regiones implicadas, en beneficio de formas de gobierno a distancia entre actores de la cooperación internacional y poblaciones locales (Andolina, Radcliffe, Laurie, 2005; Foucault, 2004), su integración a las escalas regional y nacional de gobierno hoy en día está en juego. Se trata, ahora, de considerar esta cartografía como una “tecnología del poder”, para retomar el término de Michel Foucault, a saber, como un conjunto de dispositivos materiales al servicio de una “gubernamentalidad”, permitiendo racionalizar y regular las relaciones entre poblaciones y Estado (Foucault, 2004). Sin embargo, esta noción, elaborada incialmente para explicar el nacimiento de los Estados nación modernos occidentales, reclama su revisión a la luz de las transformaciones políticas y territoriales contemporáneas de un país como Bolivia, que se define como un Estado plurinacional y trata de sentar las bases de un Estado postcolonial.